Por: Andrés Felipe Peláez Reyes.
Las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, tienen como objetivo principal la producción y distribución de bienes o servicios en el mercado. Su impacto va más allá del ámbito económico: son motores de innovación, fuentes de empleo y generadoras de riqueza. Contribuyen al desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, lo que las convierte en pilares fundamentales para la sociedad. Sin embargo, este rol clave también las expone a múltiples riesgos, entre ellos, los riesgos legales.
No deja de ser llamativo que uno de los riesgos emergentes más críticos para las empresas hoy en día sea el jurídico-penal. Por lo general, un empresario no establece su negocio con la intención de cometer delitos; su enfoque está en generar valor, dinamizar la economía y satisfacer necesidades. No obstante, la realidad es que la lupa del derecho penal se ha enfocado cada vez más en las operaciones corporativas.
Las empresas pueden verse involucradas en situaciones legales complejas por diversas razones:
- Uso indebido de la estructura empresarial: En ocasiones, la estructura de la empresa puede ser utilizada, de manera subrepticia, para la comisión de delitos, ya sea como parte de una estrategia oculta dentro de la compañía o por decisiones aisladas de algunos de sus miembros.
- Comportamientos autónomos y delictivos: Un empleado o socio puede decidir, de manera independiente, aprovechar su posición en la empresa para realizar actividades ilícitas.
- Victimización empresarial: Las empresas también pueden ser víctimas de delitos cometidos en su contra, ya sea por miembros internos como socios o empleados, o por terceros externos a la organización.
Dada esta creciente relación entre las empresas y el derecho penal, es esencial que las organizaciones implementen programas internos de protección y prevención del delito. Estos programas no buscan eludir la justicia ni garantizar impunidad, sino evitar la comisión de delitos dentro del marco de operaciones de la empresa y fomentar una cultura de . cumplimiento entre todos los miembros de la organización.
La construcción de las políticas preventivas es un imperativo empresarial. No solo es una medida defensiva, sino una estrategia gerencial que puede generar beneficios significativos:
- Proactividad ante las autoridades: las empresas que demuestran proactividad en la prevención de delitos pueden obtener un trato más favorable por parte de las autoridades judiciales y administrativas, como la Fiscalía General de la Nación.
- Ahorro en costos legales: al evitar litigios innecesarios, las empresas pueden reducir considerablemente los costos asociados con la defensa de sus miembros en procesos judiciales.
- Defensas sólidas: la implementación de estrategias preventivas permite a las empresas estar preparadas para responder de manera efectiva y fundamentada ante cualquier requerimiento judicial.
- Ventajas competitivas: las empresas que se toman en serio la prevención legal muestran prácticas confiables, lo que puede mejorar su reputación en el mercado, atraer socios comerciales, inversionistas y clientes.
- Confianza y oportunidad: la adopción de prácticas legales rigurosas puede traducirse en mejores oportunidades de negocio y en un atractivo mayor para actores con altos estándares de cumplimiento.
La implementación de políticas preventivas no solo busca evitar sanciones penales, como la prisión o las multas, que ya de por sí son graves, sino también mitigar los castigos sociales y comerciales que pueden surgir. Las consecuencias de una condena penal pueden incluir daños reputacionales, pérdidas económicas, fracaso en negocios, y la exclusión del acceso a sistemas financieros, entre otros.
Por ello, es crucial que las empresas desarrollen estrategias jurídico-penales preventivas enfocadas en el cumplimiento normativo, auditorías internas periódicas, y una revisión constante de sus procesos. Además, la capacitación de empleados en la toma de decisiones es esencial para asegurar que la operación de la empresa no solo cumpla con los objetivos comerciales, sino que también esté alineada con los más altos estándares legales.
En el entorno empresarial actual, los riesgos legales son una realidad que ninguna empresa puede permitirse ignorar. El derecho penal, a menudo visto como algo lejano o ajeno al mundo de los negocios, hoy juega un papel crucial en la protección y sostenibilidad de cualquier organización. Las consecuencias de no anticipar estos riesgos pueden ser devastadoras: sanciones, pérdida de reputación, e incluso la continuidad del negocio podrían estar en juego.
Por eso, es momento de replantear la estrategia. Incorporar la asesoría en derecho penal como parte integral de la gestión empresarial no es solo una medida preventiva, sino una inversión en la seguridad y el éxito empresarial. La prevención legal no se trata únicamente de evitar problemas; es una forma de demostrarle a los socios, clientes e inversores que la operación ostenta los más altos estándares de integridad y cumplimiento.
Los riesgos penales no desaparecen con el tiempo; al contrario, se vuelven más complejos y difíciles de manejar sin la orientación adecuada. Consultar con expertos en derecho penal, como nosotros, les permitirá identificar y mitigar estos riesgos antes de que se conviertan en problemas que puedan poner en peligro todo por lo que se ha construido durante intensas jornadas de trabajo.
El llamado es a no dejar la seguridad empresarial al azar. Tomar el control, adoptar un enfoque proactivo y asegurarse de que el negocio esté preparado para enfrentar cualquier desafío legal que pueda surgir. La prevención penal corporativa es la clave para asegurar un futuro sólido y exitoso en el competitivo mundo empresarial.
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