Por: Andrés Felipe Peláez Reyes.
En Colombia, los servidores públicos desempeñan un papel crucial en el funcionamiento del Estado y en la implementación de políticas públicas. Ellos son el motor que permite que el Estado actúe y gestione tanto los aspectos básicos como los más relevantes de la vida en comunidad. Sin embargo, esta responsabilidad también los expone a un constante escrutinio social y judicial, generando riesgos que pueden tener serias consecuencias en su carrera y reputación.
El régimen disciplinario y penal de los servidores públicos en Colombia está diseñado para garantizar la transparencia, eficiencia y moralidad en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esta normativa crea un ambiente de constante control que puede traducirse en sanciones pecuniarias, fiscales, disciplinarias e incluso penales. Los servidores públicos están expuestos a investigaciones por parte de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, lo que, en muchos casos, puede llevar a procesos largos y desgastantes, afectando su carrera y su vida personal.
En este sentido, un ejercicio para condensar los principales factores que contribuyen a originar los riesgos penales para los servidores públicos pueden resumirse en la sobreexposición a la que está sometida su labor relacionada con diversos aspectos, tales como:
- Complejidad del sistema jurídico: El entramado legal colombiano es amplio y en constante cambio, lo que dificulta la identificación clara del marco normativo aplicable en cada situación.
- Politización de las instituciones: En ocasiones, las decisiones de los servidores públicos pueden estar sujetas a presiones políticas que incrementan los riesgos de caer en irregularidades.
- Riesgo de corrupción: En un país donde la corrupción sigue siendo un problema significativo, las decisiones de los servidores públicos son permanentemente vigiladas para prevenir el abuso de poder o el uso indebido de recursos del Estado.
Uno de los mayores focos del derecho penal en Colombia son los delitos contra la administración pública. Este conjunto de delitos abarca conductas como la desviación o apropiación de recursos del Estado, abuso de funciones, y las irregularidades en la contratación pública, que se ha convertido en uno de los mayores puntos de interés para las autoridades judiciales.
Ante la inminencia y permanencia del riesgo punitivo en estas gestiones, es fundamental contar con herramientas preventivas. La mejor estrategia para prevenir estos riesgos es diseñar un mapa de riesgos penales que permita identificar y gestionar los peligros asociados a las funciones legales y constitucionales de cada cargo. A continuación, se presentan las principales fases para su construcción:
- Identificación de procesos críticos: Es necesario analizar y delimitar las funciones específicas de cada cargo, identificando aquellos procesos que pueden generar mayor exposición a riesgos penales.
- Valoración de los riesgos: Cada riesgo identificado debe ser valorado según su probabilidad de ocurrencia y sus posibles consecuencias, tanto jurídicas como económicas y reputacionales. Este análisis permitirá priorizar la atención en los riesgos más críticos.
- Implementación de controles internos: Se deben establecer medidas preventivas como programas de cumplimiento, auditorías regulares, manuales de buenas prácticas, códigos de ética y revisiones expertas de los procesos administrativos y contractuales.
- Capacitación continua: Los servidores públicos deben recibir formación regular en identificación y manejo de riesgos penales. La capacitación constante es esencial para que puedan reaccionar de manera adecuada ante posibles situaciones de riesgo.
La prevención de riesgos penales no solo protege a los servidores públicos de posibles sanciones judiciales, sino que también mejora la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. Además, la implementación de estrategias preventivas refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho.
Es imprescindible que los servidores públicos cuenten con un acompañamiento especializado en derecho penal que los guíe en la identificación y gestión de riesgos. De esta manera, no solo podrán actuar con mayor seguridad jurídica, sino que también minimizarán su exposición a eventuales procesos judiciales, garantizando el cumplimiento de sus responsabilidades de manera ética y legal.
En nuestro equipo, ofrecemos asesoría especializada para diseñar y ejecutar mapas de riesgos penales que se ajusten a las particularidades de cada cargo y función. Con nuestra experiencia, te ayudaremos a mitigar posibles contingencias antes de que se conviertan en problemas judiciales, asegurando que puedas desempeñar tu labor con tranquilidad y confianza.
Te invitamos a construir tu programa de defensa preventiva con nosotros y a seguir atento a las próximas publicaciones de este blog, donde analizaremos más a fondo temas clave relacionados con la responsabilidad penal de servidores públicos y cómo prevenirlos. No dejes la seguridad de tu carrera al azar, actúa con anticipación y protege lo que has trabajado tanto por lograr decisiones aisladas de la realidad práctica del litigio, lo que a la postre ha contribuido de forma contundente a la congestión judicial en la que se encuentra sumergida su gestión acusatoria.
felipepe
