Las sociedades son organizaciones complejas en múltiples aspectos, ya que en ellas confluyen individuos con visiones y intereses diversos, tanto personales como colectivos. Estos intereses no siempre representan el de la sociedad en su conjunto, sino el de subgrupos que se forman dentro de ella.
Por lo tanto, la sociedad no necesariamente se mueve hacia los mismos fines; por el contrario, parece ser una masa que se extiende en todas direcciones, donde cada grupo busca satisfacer sus propios intereses.
A pesar de que este comportamiento es propio de la naturaleza humana, en el momento en que la humanidad decidió organizarse en una colectividad, surgió la intención de que el interés general prevaleciera sobre el particular. Esto implica que el comportamiento individual no debe regirse únicamente por intereses personales y que, cuando estos prevalecen sobre el interés general, es necesario activar mecanismos de control para evitar la perpetuación de una situación desequilibrada.
De ahí la necesidad de crear y dotar de herramientas al denominado poder punitivo, pues el Estado debe contar con mecanismos que permitan, en cierta medida, controlar el comportamiento humano. Así, el poder punitivo se convierte en el gran brazo del Estado, una herramienta reactiva ante comportamientos que desafían el orden previamente establecido, con el fin de reprender y disuadir.
Como cualquier otro poder, el punitivo no está exento de excesos. De hecho, mezclado con potestades políticas, puede convertirse en un cóctel peligroso, capaz de extinguir a quienes se oponen a los intereses de quien puede activar este poder del Estado.
Así, en contra de lo que comúnmente se piensa, el poder punitivo no solo debe identificarse con la facultad sancionadora; el derecho penal constituye el límite fundamental de este poder, evitando el cruce de ciertas fronteras que harían ineficaces principios ganados por la humanidad tras siglos de lucha.
El profesor Luigi Ferrajoli lo ilustra claramente cuando señala que “la seguridad y la libertad de los ciudadanos no son amenazadas únicamente por los delitos, sino también, y habitualmente en mayor medida, por penas excesivas y despóticas, arrestos y procesos sumarios, controles policiales arbitrarios e invasivos. En una palabra, por ese conjunto de intervenciones que se definen como ‘justicia penal’, que quizá, en la historia de la humanidad, ha costado más dolor e injusticia que el total de los delitos cometidos”.
El poder de castigar, entonces, es indispensable para el Estado. No obstante, su ejercicio debe ser limitado, y por ello existen barreras insuperables para proteger los derechos de los ciudadanos.
El derecho penal importa porque constituye el escudo de quienes son señalados por el poder punitivo; es el muro de contención frente a lo que el Estado, de otra manera, haría sin distinción, de forma ilimitada y desproporcionada.
Y porque el derecho penal importa, en este espacio reflexionaremos sobre todas las vicisitudes que lo rodean. Abogaremos por un orden justo, en el que las normas puedan cumplirse sin avasallar a los individuos.
felipepe
