Seguramente, quienes han optado por el servicio público lo han hecho impulsados por una convicción que trasciende lo estrictamente profesional. Existe, en la mayoría de los casos, una voluntad genuina de contribuir al buen funcionamiento de la administración, de impactar positivamente la vida de los ciudadanos y de participar, desde distintos escenarios, en la realización del interés general. Desde la dirección de entidades, la gestión contractual o el ejercicio político, el servicio público se presenta como un espacio en el que es posible materializar decisiones con efectos colectivos relevantes.
Sin embargo, esa vocación se enfrenta hoy a una realidad mucho más compleja. El ejercicio de funciones públicas se desarrolla en un entorno de control intenso, en el que confluyen el escrutinio social, la vigilancia de los organismos de control y, de manera cada vez más marcada, la intervención del derecho penal. Lo que en principio debería ser un sistema orientado a garantizar la legalidad de la actuación administrativa ha terminado configurando un escenario en el que el funcionario público también debe gestionar un riesgo adicional: la eventual exposición a una investigación penal.
Ese riesgo no siempre es evidente al momento de asumir el cargo. No forma parte de las motivaciones iniciales, ni suele ser objeto de una reflexión previa. Sin embargo, se manifiesta con claridad en el desarrollo de la función. Cada decisión administrativa relevante, especialmente en ámbitos sensibles como la contratación estatal o la administración de recursos públicos, puede ser posteriormente objeto de cuestionamiento. Y ese cuestionamiento no se limita a la órbita disciplinaria o fiscal, sino que, con frecuencia, trasciende al ámbito penal.
En este punto, conviene hacer una precisión fundamental. La persecución de la corrupción no solo es legítima, sino necesaria en un Estado de Derecho. El problema no radica en la existencia de mecanismos de control, sino en la forma en que, en ocasiones, se difuminan las fronteras entre la ilegalidad administrativa y el reproche penal. No toda irregularidad constituye un delito. No toda decisión equivocada es expresión de corrupción. No toda infracción al régimen administrativo debe traducirse en una imputación penal.
A pesar de ello, es cada vez más frecuente observar cómo decisiones adoptadas en contextos complejos, bajo condiciones de información incompleta y en escenarios de presión institucional, son evaluadas posteriormente como si hubieran sido tomadas en condiciones ideales. El juicio penal introduce, en ocasiones, una mirada retrospectiva que desconoce las limitaciones propias del momento decisorio. Se exige al funcionario un estándar de corrección que, en la práctica, resulta difícilmente alcanzable.
Este fenómeno tiene consecuencias relevantes. Una de las más preocupantes es el efecto paralizante que puede generar en la administración pública. El temor a la eventual intervención del derecho penal puede llevar a que los funcionarios eviten adoptar decisiones, retrasen actuaciones o trasladen responsabilidades. Se configura, así, un entorno en el que el riesgo no solo sanciona conductas reprochables, sino que también inhibe la gestión pública eficiente.
La paradoja es evidente. Un sistema diseñado para proteger el interés general puede terminar afectándolo si genera incentivos para la inacción. La administración pública requiere decisiones oportunas, informadas y responsables. Cuando el entorno jurídico transforma cada decisión en una potencial fuente de responsabilidad penal, se altera el equilibrio necesario para el adecuado funcionamiento institucional.
En este contexto, resulta indispensable replantear la manera en que se comprende el riesgo penal en el servicio público. El funcionario no puede ser visto exclusivamente como un potencial infractor, sino también como un sujeto de garantías, amparado por principios como la legalidad y la presunción de inocencia. El derecho penal, en su función de límite al poder punitivo del Estado, debe intervenir únicamente en aquellos casos en los que se ha producido una verdadera afectación al orden jurídico, y no como una herramienta general de control de la gestión administrativa.
Esta reflexión conduce, necesariamente, a la importancia de la prevención. Si el riesgo penal es una realidad estructural en el ejercicio de la función pública, la respuesta no puede ser exclusivamente reactiva.
En un contexto en el que el derecho penal ha ampliado su radio de acción y se proyecta sobre decisiones que antes se entendían exclusivamente administrativas, resulta indispensable que los servidores públicos incorporen criterios de autoprotección en su gestión. Esto implica, entre otras cosas, adoptar decisiones informadas, documentadas y, sobre todo, acompañadas por una asesoría jurídica adecuada desde una perspectiva penal.
Prevenir el litigio penal no es una manifestación de desconfianza en la función pública, sino una exigencia de responsabilidad en su ejercicio. El funcionario que comprende los riesgos jurídicos de sus decisiones no decide menos, decide mejor. Y en esa medida, reduce significativamente la posibilidad de que su gestión, orientada inicialmente al servicio del interés general, termine siendo evaluada en un estrado judicial. En un entorno cada vez más permeado por el derecho penal, la prevención no es una opción estratégica, sino una condición necesaria para ejercer el servicio público con convicción, pero con seguridad jurídica.
felipepe
